La necesidad de una nueva Constitución Política

Los invito a leer este comentario que publiqué en la página de Proyect América(www.proyectamerica.cl) hace algunos días.


La Constitución debería ser fiel reflejo de los arreglos básicos de una sociedad. Debería explicitar ciertos valores y principios compartidos, permitiendo al legislador desarrollar, con posterioridad, los preceptos constitucionales. Al mismo tiempo y, tal como señala el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, debe establecer una clara separación entre los poderes del Estado y otorgar garantía al resguardo de los derechos fundamentales.

A la luz de este marco, es importante preguntarnos si la actual Constitución representa aquél consenso compartido de valores democráticos y de fortalecimiento de los derechos humanos.

Recientemente, en su discurso de aceptación de un doctorado honoris causa en la Universidad de Magallanes, el ex Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, ha planteado su visión de desarrollo para el Chile del siglo XXI. Él, como pocos en nuestra historia, ha logrado capturar nuestra imaginación colectiva con grandes sueños y proyectos de país; desde aquél señero ensayo sobre la desigualdad en Chile, ha sido capaz de observar la sociedad tal como es y proponernos cómo debería ser. En su discurso ha esgrimido el concepto de “garantías” como fundamento de una nueva ecuación entre Estado, sociedad y mercado. Las garantías se traducirían en mínimos que la sociedad asegura a todas las personas, a través de la acción estatal, a fin de superar las inequidades que produce el funcionamiento del mercado. Sin duda su propuesta es sumamente atrayente, pero se encontrará con un gran obstáculo: la Constitución de 1980.


Nuestra actual Constitución Política, con su proclamación de una visión liberal-individualista de los derechos fundamentales, ha sido el gran límite para las reformas sociales impulsadas por importantes sectores sociales y por la Concertación. Tanto es así que, por ejemplo, para reformular el sistema educativo ha sido necesario presentar un nuevo proyecto de reforma constitucional. Digo nuevo porque no hace mucho se aprobó la más importante y amplia reforma constitucional de nuestra ya parchada Carta Fundamental. Sin embargo, mientras no seamos capaces de plantearnos la necesidad de una nueva Constitución, nuestros proyectos seguirán estrellándose contra esa muralla insalvable que representa la actual Constitución.

Tres aspectos de la arquitectura constitucional frenan cualquier esfuerzo de transformación posible. Primero, la concepción liberal-individualista de los derechos fundamentales, que se refleja en una fuerte garantía del derecho de propiedad y de la libre iniciativa económica, dificultando la implementación de medidas reformadoras en los ámbitos de la educación, la salud y la protección del medio ambiente, entre otros. Segundo, un sistema político excluyente y enclaustrado, caracterizado por la preponderancia excesiva del Presidente de la República en la formación de las leyes (iniciativa exclusiva, urgencias, veto) y por el establecimiento de la categoría de leyes orgánicas constitucionales, redactadas en las postrimerías del Gobierno Militar, siendo paradigmático de este “cerrojo” constitucional, la denominada Ley Electoral, que requiere para su modificación un quórum de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Finalmente, y sin perjuicio de mis personales convicciones, la Constitución proclama una cierta idea de los derechos fundamentales que no es compartida por numerosos grupos de la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones como la píldora del día después o la jurisprudencia sobre el derecho a la honra versus la libertad de expresión, por ejemplo, en el caso de la película “La Última Tentación de Cristo”, en donde ha quedado de manifiesto que los órganos encargados de la interpretación de la Constitución encuentran límites inflexibles en el texto de la misma. Se impone discutir sobre la Constitución, en su dimensión de derechos y en la articulación del sistema político, antes que criticar a quienes se encuentran supeditados a ésta.

No podría ser de otra manera ya que nos referimos a esa Carta redactada por una comisión constituyente de destacados juristas, pero con fuerte sesgo ideológico (recordemos que los únicos dos comisionados de línea diversa se retiraron de la comisión en 1977, al decretarse la proscripción de todos los partidos políticos) y aprobada en un plebiscito que no cumplió con el más mínimo umbral democrático. La Constitución de 1980 adolece de un pecado (vicio) original, como señalara Lucas Sierra, que no se puede sanear ni por el transcurso del tiempo ni por la ocurrencia de reformas parciales.

Discutir sobre la nueva Constitución no es una alternativa, es una necesidad imperiosa de todos quienes no están conformes con la actual organización social, económica y cultural. Ya sea a través del concepto de “garantías” o de alguna noción en torno al desarrollo integral, propia de la corriente humanista cristiana, los proyectos de transformación no son posibles en el actual marco constitucional. En lo personal, creo que la sociedad ha dado suficientes muestras de requerir una nueva forma de democracia y una nueva concepción de los derechos fundamentales, es tiempo de que la élite política haga suya esta demanda.

¿Hacia un nuevo concepto de desarrollo?

El Chile de los 90' cifró sus esperanzas y anhelos en lograr el desarrollo para le Bicentenario. La Concertación ha dedicado gran parte de su esfuerzo en cumplir este objetivo. Recordemos que la coalición gobernante recibió el país con cifras de pobreza del orden del 40% y con un PIB per cápita cercano a los US $4.000. Además, las cifras de alfabetización escolar, acceso a servicios básicos, acceso a vivienda y salud, etc., no eran mucho más alentadoras. Los déficit en esas áreas han sido progresivamente superados, salvo la desastroza distribución del ingreso y la riqueza que aún nos pesa. Sin embargo, el tipo de desarrollo que la coalición gobernante ha propiciado no nos ha dejado conformes. Aunque hemos reducido la pobreza, aumentado el empleo, mejorado las condiciones de vida de muchas personas, parece que hemos perdido algo. ¿Será el momento para replantear el camino seguido de cara al tiempo por venir?

De acuerdo a los indicadores de desarrollo, tanto nacionales como internacionales, la situación de Chile dista de ser preocupante. Nuestras cifras macroeconómicas, el índice de desarrollo humano y la mayoría de las comparaciones internacionales nos colocan en una ventajosa posición, especialmente en el contexto latinoamericano. En términos de tendencia, si lográramos concentrarnos en educación, innovación, mejoramiento de la competitividad y modernización admnistrativa, al parecer todo debería ir bien. Pero algo nos dice que esto tampoco será suficiente.

Existen crecientes señales de que algo no anda bien con nuestro “desarrollo”. Desde la perspectiva de la felicidad humana parece que no vamos en la dirección correcta.Leí en un reciente artículo sobre la "ciencia de la felicidad", que el sociólogo Eugenio Tironi mecionaba que "Chile comenzó a sufrir su erosión en los años 80, porque nos transformamos en una sociedad de mercado, individualista, competitiva y con pocas redes de apoyo en momentos de crisis". Aparentemente, esta sería una de las razones que explican por qué Chile se encuenrtran en un lugar medio-bajo de las tablas sobre satisfacción-país, mientras que alcanza áltos grados de performance en las estadística sobre desarrollo.

La verdad es que nuestra estrategia de desarrollo ha estado guiada por una concepción más bien materialista del desarrollo. El concepto de desarrollo admite diversas acepciones. Para algunos, se vincula más bien con el crecimiento del producto interno bruto de una nación, noción clásica vinculada más bien a la idea de crecimiento económico. Para otros, el desarrollo puede ser la creación de una sociedad en la que cada individuo tenga la posibilidad de cultivar sus capacidades en la mayor medida posible. Esta noción es atribuida al economista Amartya Sen. Finalmente, algunos pensamos, que el desarrollo debe ser la creación de estructuras sociales que permitan el desarrollo de personas, lo que implica seres que satisfacen no sólo unas ciertas necesidades materiales, sino sobre necesidades espirituales y morales. Esto que parece una bonita declaración de principios, se puede llevar al terreno de la política cuando lo colocamos en términos de binomios, por ejemplo: administración pública centralizada v/s mayor poder para comunidades locales y regionales; concentración económica en grandes empresas v/s fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas; disminución de la asociatividad laboral v/s sindicatos fuertes y empresas comprometidas socialmente; emprendimiento desligado de consideraciones ambientales v/s desarrollo sustentable; etc.

Lo anterior no significa que la Concertación se haya despreocupado absolutamente del asunto. Las necesidades y el contexto social de ayer exigían satisfacer urgentes y serias necesidades económicas. En cambio, en el Chile del 2010 otras cosas empiezan a ser importantes. Si nos quedamos en lo material no podemos entender los resultados de estudios como los relativos a la felicidad social que nos indican que existen otras fuentes de satisfacción de las personas diferentes a lo material. En mi experiencia personal, una de las más importantes es el sentido de pertenencia a una comunidad determinada. Este principio puede traducirse en políticas públicas en la medida que estemos dispuestos a transformar nuestra manera de entender el desarrollo. Ahora bien, si lo que buscamos es realmente transformar la sociedad, también debemos aspirar a que nuestros líderes encarnen, sean testimonio, del propósito. En la Concertación, nuestros grandes líderes han sido ejemplos de ciertos valores que compartimos -vocación pública, honestidad, austeridad, solidaridad- pero muchas autoridades en niveles medios de la política y la Administración no lo son. He ahí dos grandes desafíos de futuro: orientar nuestras políticas públicas no hacia individuos, sino hacia el fortalecimiento de la asociatividad entre personas, y potenciar liderazgos que sean ejemplo vivo de aquellos valores en los que creemos.