La necesidad de una nueva Constitución Política

Los invito a leer este comentario que publiqué en la página de Proyect América(www.proyectamerica.cl) hace algunos días.


La Constitución debería ser fiel reflejo de los arreglos básicos de una sociedad. Debería explicitar ciertos valores y principios compartidos, permitiendo al legislador desarrollar, con posterioridad, los preceptos constitucionales. Al mismo tiempo y, tal como señala el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, debe establecer una clara separación entre los poderes del Estado y otorgar garantía al resguardo de los derechos fundamentales.

A la luz de este marco, es importante preguntarnos si la actual Constitución representa aquél consenso compartido de valores democráticos y de fortalecimiento de los derechos humanos.

Recientemente, en su discurso de aceptación de un doctorado honoris causa en la Universidad de Magallanes, el ex Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, ha planteado su visión de desarrollo para el Chile del siglo XXI. Él, como pocos en nuestra historia, ha logrado capturar nuestra imaginación colectiva con grandes sueños y proyectos de país; desde aquél señero ensayo sobre la desigualdad en Chile, ha sido capaz de observar la sociedad tal como es y proponernos cómo debería ser. En su discurso ha esgrimido el concepto de “garantías” como fundamento de una nueva ecuación entre Estado, sociedad y mercado. Las garantías se traducirían en mínimos que la sociedad asegura a todas las personas, a través de la acción estatal, a fin de superar las inequidades que produce el funcionamiento del mercado. Sin duda su propuesta es sumamente atrayente, pero se encontrará con un gran obstáculo: la Constitución de 1980.


Nuestra actual Constitución Política, con su proclamación de una visión liberal-individualista de los derechos fundamentales, ha sido el gran límite para las reformas sociales impulsadas por importantes sectores sociales y por la Concertación. Tanto es así que, por ejemplo, para reformular el sistema educativo ha sido necesario presentar un nuevo proyecto de reforma constitucional. Digo nuevo porque no hace mucho se aprobó la más importante y amplia reforma constitucional de nuestra ya parchada Carta Fundamental. Sin embargo, mientras no seamos capaces de plantearnos la necesidad de una nueva Constitución, nuestros proyectos seguirán estrellándose contra esa muralla insalvable que representa la actual Constitución.

Tres aspectos de la arquitectura constitucional frenan cualquier esfuerzo de transformación posible. Primero, la concepción liberal-individualista de los derechos fundamentales, que se refleja en una fuerte garantía del derecho de propiedad y de la libre iniciativa económica, dificultando la implementación de medidas reformadoras en los ámbitos de la educación, la salud y la protección del medio ambiente, entre otros. Segundo, un sistema político excluyente y enclaustrado, caracterizado por la preponderancia excesiva del Presidente de la República en la formación de las leyes (iniciativa exclusiva, urgencias, veto) y por el establecimiento de la categoría de leyes orgánicas constitucionales, redactadas en las postrimerías del Gobierno Militar, siendo paradigmático de este “cerrojo” constitucional, la denominada Ley Electoral, que requiere para su modificación un quórum de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Finalmente, y sin perjuicio de mis personales convicciones, la Constitución proclama una cierta idea de los derechos fundamentales que no es compartida por numerosos grupos de la sociedad. Me refiero, por ejemplo, a cuestiones como la píldora del día después o la jurisprudencia sobre el derecho a la honra versus la libertad de expresión, por ejemplo, en el caso de la película “La Última Tentación de Cristo”, en donde ha quedado de manifiesto que los órganos encargados de la interpretación de la Constitución encuentran límites inflexibles en el texto de la misma. Se impone discutir sobre la Constitución, en su dimensión de derechos y en la articulación del sistema político, antes que criticar a quienes se encuentran supeditados a ésta.

No podría ser de otra manera ya que nos referimos a esa Carta redactada por una comisión constituyente de destacados juristas, pero con fuerte sesgo ideológico (recordemos que los únicos dos comisionados de línea diversa se retiraron de la comisión en 1977, al decretarse la proscripción de todos los partidos políticos) y aprobada en un plebiscito que no cumplió con el más mínimo umbral democrático. La Constitución de 1980 adolece de un pecado (vicio) original, como señalara Lucas Sierra, que no se puede sanear ni por el transcurso del tiempo ni por la ocurrencia de reformas parciales.

Discutir sobre la nueva Constitución no es una alternativa, es una necesidad imperiosa de todos quienes no están conformes con la actual organización social, económica y cultural. Ya sea a través del concepto de “garantías” o de alguna noción en torno al desarrollo integral, propia de la corriente humanista cristiana, los proyectos de transformación no son posibles en el actual marco constitucional. En lo personal, creo que la sociedad ha dado suficientes muestras de requerir una nueva forma de democracia y una nueva concepción de los derechos fundamentales, es tiempo de que la élite política haga suya esta demanda.